Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga ya cuentan con una orden de aprehensión

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que los principales implicados en el caso de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que los principales implicados en el caso de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, acusados de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuentan ya con una orden de aprehensión girada.

Por medio de un comunicado, la dependencia apuntó que en noviembre de 2019 se inició la carpeta de investigación en contra de Gómez Mont y Álvarez Puga, así como de Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas por los delitos mencionados.

Las personas mencionadas presuntamente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a su organización criminal por medio de bajar las cargas tributarias y ocultar operaciones, lo que dificultaba el rastreo de los recursos.

Pero cumplir su objetivo, señala la investigación, los imputados celebraban contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo con el objetivo de lavar dinero.

La organización principal estaba a cargo de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, que operaban con presuntos representantes de personas morales. Durante las indagaciones se supo de la existencia de un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.

El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.

Cada una de esas células se integraba con las otras para realizar, de esa manera, los delitos que se persiguen.

En el caso de una de las empresa que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor “Z”, dicha persona moral recibió más de 2 mil 500 millones de pesos, en la probable comisión de los delitos ya referidos.

Es fundamental en esta investigación señalar dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos.

Sobre la participación de Gabriel “M”, dicha persona figuró como accionista de una de las empresas investigadas; y, como producto de la indagatoria, se logró establecer que, mediante acta de asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones de la empresa, en tiempo anterior al inicio de las operaciones delictivas. El caso se seguirá investigando.

A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes; y tres de ellos ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal. En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional

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